Fachadas deterioradas, escaso aislamiento térmico, antiguas instalaciones eléctricas, falta de acceso para personas con movilidad reducida… Los edificios de nuestro país necesitan una rehabilitación. Al menos, buena parte de ellos. Casi la mitad de los bloques en España fueron construidos antes de 1980, según el Instituto Nacional de Estadística. Más de 40 años de antigüedad que hacen que un gran número de estas viviendas se encuentre en estado deficiente, malo o ruinoso.

Ahora, con los fondos europeos, muchas comunidades de vecinos podrán dar el paso ahorrándose una buena cantidad de dinero. Es decir que, si cada propietario tiene que invertir entre 12.000 y 20.000 euros para una rehabilitación de este tipo podrían acabar obteniendo subvenciones de hasta el 80% de los costes, con un máximo de entre 6.300 y 18.800 euros por vivienda, en función del ahorro energético que se alcance. “Los propietarios pueden beneficiarse tanto de ayudas directas como de bonificaciones fiscales. Esto hace que, a largo plazo, en muchas ocasiones el ahorro logrado supere la cantidad que deben desembolsar para abordar la reforma”,

Las deducciones pueden alcanzar el 60% para las comunidades de vecinos que aborden reformas en su edificio, con una base máxima acumulada de 15.000 euros. Eso sí, para llegar a este porcentaje, tendrán que reducir el consumo de energía primaria no renovable al menos un 30% o mejorar la calificación energética del edificio para obtener una clase A o B, según la guía sobre desgravaciones fiscales para rehabilitación de viviendas y edificios residenciales del Consejo Superior de Arquitectos y el Consejo General de Economistas de España.

Supongamos que un edificio de 20 viviendas quiere llevar a cabo una rehabilitación integral con la que se conseguirá reducir la energía primaria no renovable en un 65%. El coste de la obra es de 600.000 euros, por lo que cada propietario tendría que abonar 30.000 euros. Pero, tras presentar el proyecto a la Administración, la comunidad obtiene una subvención de 376.000 euros, es decir, 18.800 euros por vivienda; que sumados a las deducciones totales por IRPF, da un total de 25.520 euros por persona. ¿El resultado? Finalmente, con las ayudas, cada vecino tendrá que abonar 4.480 euros de las 30.000 iniciales, según el ejemplo que recoge la guía.

Las obras financiadas cubrirán, entre otras cosas, el aislamiento de fachadas, sustitución de ventanas, instalación de nuevos motores en ascensores, calderas más eficientes, placas fotovoltaicas o iluminación led. Con estas reformas, además, los vecinos disfrutarán de ventajas que van desde la revalorización de la vivienda hasta el ahorro en las facturas de cada mes. Porque, según los cálculos de empresas del sector de la vivienda y agentes rehabilitadores un edificio rehabilitado puede llegar a conseguir ahorros energéticos por encima del 60%.

El ritmo de las convocatorias depende de cada Comunidad Autónoma. Ya están publicadas en algunas como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o Galicia; «aunque en el resto de regiones también estarán abiertas dentro de poco” . Para tener opción de recibir las ayudas, tanto los edificios residenciales como las viviendas unifamiliares deberán acreditar la mejora de la eficiencia energética. Esto implica la reducción de al menos el 30% del consumo de energía primaria no renovable y la reducción de la demanda de energía global anual de calefacción y refrigeración de un 35% en zonas climáticas D y E; y un 25% en zona climática C (depende de la localidad donde se encuentre el edificio).

Una vez tomada la decisión de realizar la obra, lo primero que tiene que hacer la comunidad de propietarios es valorar la rehabilitación que quiere llevar a cabo y someter una propuesta preliminar a la aprobación de la junta de vecinos»,

Después, «lo más recomendable es que la comunidad y el administrador contacten con un agente rehabilitador para que les asesore durante todo el proceso». Es el gestor del proyecto, es decir, aquel que se encargará de todos los pasos, desde el planteamiento de la reforma hasta la búsqueda de empresas constructoras especializadas, los presupuestos, la tramitación de licencias y ayudas o la supervisión de las obras.